Microfinanzas: historias detrás de pequeños préstamos para emprender

Nunca dejé de ver mi entorno; me relacioné con movimientos sociales para traer al barrio un merendero». Alejandra Sánchez vive en Fontana, una localidad chaqueña que integra el Gran Resistencia. Es emprendedora desde hace más de una década y unos años atrás sus vecinas la invitaron a ser parte de un grupo para acceder a un préstamo con la modalidad de garantía solidaria (sin bienes materiales de por medio).

Tomó en 2016 un primer microcrédito de la Asociación Demos por $2000 y luego otros fondos, hasta llegar a los que le permitieron tener su horno ecológico. Su actividad, de producción de comidas regionales, creció por reinversiones constantes y por pequeños préstamos, según cuenta.

Su historia dice mucho de una realidad de fragmentación social y laboral que lleva décadas en el país. En los inicios, Alejandra vendía comidas a sus vecinos y, al estar el lugar ubicado en un asentamiento, el fiado pasó a ser moneda corriente. «Y no siempre mis clientes podían cancelar sus compromisos», recuerda. Entonces, empezó a ofrecer churros a la salida de una fábrica. Esa pata de la actividad, con clientes que eran personas con ocupación laboral fija y un salario mensual, se convirtió en la mayor generadora de ingresos de Alejandra, que no se olvidó del entorno. Tras un tiempo de hacer ventas ambulantes y de contactarse con diferentes grupos de personas, puso en marcha un merendero al que van 60 chicos. Este año recibió el reconocimiento a la mujer emprendedora con impacto social, en la edición de los Premios Propulsar, organizados por Citi, la Fundación Avina y la Fundación LA NACION.

En el mundo de las microfinanzas, del que participan organizaciones de la sociedad civil y algunos bancos, la empatía suele ser un factor central. El tema tomó protagonismo en los últimos días, por la idea del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, de darle mayor alcance a este tipo de operaciones, vinculadas muchas veces con economías de subsistencia.

Hoy en el país hay al menos 51 instituciones dedicadas a esta actividad, según el último mapeo, con datos a septiembre pasado, realizado por la Comisión Nacional de Microcrédito, Conami (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social), el Foncap y la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (Radim). De esas entidades, 46 son asociaciones sin fines de lucro, 3 son sociedades anónimas y 2 son empresas de bancos públicos (del Ciudad y del Provincia).

La cartera de créditos activa involucra $3401 millones, distribuidos entre 98.274 prestatarios. Este segmento de la economía no escapa a la realidad de inflación y recesión: desde diciembre de 2018, el valor de los créditos activos creció 16,7%, mientras que la inflación fue de 37,8%.

El cuentapropismo suele ser una salida para la falta o la insuficiencia de ingresos y, en un contexto en el que empeora la situación económica de los hogares, las microfinanzas podrían ampliar su rol. Sin embargo, las dificultades para el fondeo son un factor limitante: «Hay una amplia demanda, pero solo la banca pública crece significativamente porque logra fondearse; el resto de las instituciones tiene dificultad para renovar su financiación desde fuentes del exterior y el fondeo local es muy escaso», dice María Silvia Abalo, directora ejecutiva de Radim.

Una alternativa que en los últimos años se mantuvo fue la de conseguir fondos estatales a través de la Conami, que otorga a las instituciones recursos no reembolsables para prestar a microempredendores a tasas de interés topeadas (el máximo vigente hoy es de 30% anual). Según Julián Costábile, que presidió la comisión entre fines de 2015 y el lunes pasado, la cartera activa de créditos dados con fondos de esta fuente es de más de $200 milllones, las personas alcanzadas son 31.281 y el saldo promedio de las operaciones es de $7560. El organismo trabajó con 180 entidades que prestan, asesoran y dan educación finaciera.

«A las organizaciones se las financió en estos años con $500 millones. Se desarrolló también una línea de mesocrédito para cooperativas y grupos asociativos y un plan de educación financiera», dice Costábile.

El mapeo general muestra que el saldo promedio de los microcréditos activos es de $39.925. «Eso muestra que se llega a la población objetivo y con mucho más que financiación; también con acompañamiento, educación financiera y empresarial y, en algunos casos, con servicios de salud», señala Abalo, desde Radim.

«Es cuestión de quererse y de querer», dice Soledad Yañez, creadora del emprendimiento salteño Alma Libre, que recibió financiamiento de la ONG Promujer. «Ese nombre representa cómo me siento hoy», define esta mujer que fue víctima de abusos y violencia, es madre de cinco hijos y, desde hace una década, artesana. Sus esfuerzos fueron reconocidos también por un premio de Propulsar, como también lo fue el trabajo de Gustavo Hidalgo, un herrero de la localidad cordobesa de Cruz del Eje, financiado en su actividad por la Fundación Banco de Córdoba.

Soledad Yañez con las artesanías de su emprendimiento, Alma Libre, en Salta
Soledad Yañez con las artesanías de su emprendimiento, Alma Libre, en Salta Crédito: Propulsar

Usualmente, las entidades van subiendo el monto prestado a medida que se cumplen metas. «Nosotros alcanzamos el máximo que otorga la institución [la asociación civil Ecomanía para su programa Semillas] gracias a la voluntad, el trabajo y el compromiso», señala Claudia Guaymas, también premiada, quien junto con su marido lleva adelante el emprendimiento Arco Iris, de fabricación de juguetes de madera a partir de metodologías pedagógicas, que pueden encontrarse en el Tigre. Usan sobrantes de aserraderos como insumos y están empenzando a trabajar con tintes naturales para reducir el impacto ambiental. «El año pasado casi bajamos los brazos, pero es mucho lo invertido», dice Claudia. La decisición fue no caer. Y seguir.

Por: Silvia Stang / La Nación

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